La débil institucionalidad del Estado de Honduras facilita el desorden generalizado que empuja a los hondureños a migrar.
Honduras18 de diciembre de 2024
Redacción El Estelar
San Pedro Sula, Honduras.
Honduras se ha convertido en un punto crítico del fenómeno migratorio en América Latina. La emigración hacia Estados Unidos y España, en particular, es impulsada por múltiples factores, desde la inseguridad y la pobreza extrema hasta la falta de oportunidades laborales y educativas.
Las remesas que estos migrantes envían se han convertido en el sostén económico de muchas familias, pero también revelan la incapacidad del país para garantizar un futuro sostenible a su población.
Las causas de la migración hondureña responden a múltiples y delicados factores que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
Uno de los más serios es la violencia y crimen organizado, ya que Honduras registra una de las tasas más altas de homicidios en América Latina, en gran parte debido al dominio de pandillas y el narcotráfico. La inseguridad es tan intensa que miles de personas huyen cada año para protegerse.
La Pobreza extrema y desigualdad es otro de esos factores. Con más del 70% de la población viviendo en condiciones de pobreza, muchas familias no encuentran otra opción más que migrar en busca de empleo y estabilidad económica.
Los recientes impactos del cambio climático se suman a esta difícil realidad. Fenómenos como huracanes e inundaciones han afectado severamente a comunidades rurales, destruyendo medios de subsistencia y agravando la precariedad.
La falta de oportunidades, el acceso limitado a educación de calidad y empleos dignos, especialmente en zonas rurales, empuja a los jóvenes a dejar su país en busca de mejores horizontes.
La travesía hacia Estados Unidos, a través de Guatemala y México, está llena de riesgos. Los migrantes enfrentan extorsión, secuestros y abuso por parte de bandas criminales y, en ocasiones, de autoridades corruptas. Las caravanas migratorias han surgido como una estrategia de protección colectiva, aunque también han generado tensiones políticas y sociales en los países de tránsito y destino.
En 2024, más de 9,000 hondureños fueron deportados en los primeros dos meses del año, principalmente desde Estados Unidos y México. Además, las estrictas políticas migratorias estadounidenses han complicado la solicitud de asilo, llevando a miles de personas a enfrentar deportaciones forzadas.
Históricamente la migración ha tenido un efecto ambivalente en el país. Por un lado, las remesas enviadas por migrantes representan más del 20% del PIB, superando los 7,000 millones de dólares en 2023. Este ingreso sostiene a miles de familias, pero también genera una dependencia económica que retrasa reformas estructurales.
Por otro lado, la pérdida de jóvenes y profesionales tiene consecuencias graves. Las comunidades se ven fragmentadas, y la fuerza laboral del país se reduce, afectando el desarrollo a largo plazo.
La debilidad institucional en Honduras es el núcleo de los problemas estructurales. La corrupción, la falta de inversión en desarrollo sostenible y la ausencia de políticas inclusivas han perpetuado las condiciones que alimentan la migración. Gobiernos sucesivos han fallado en abordar la pobreza, la inseguridad y la desigualdad de manera efectiva.
Los políticos tradicionales, que acostumbran a realizar prácticas que enraízan aún más la corrupción en el aparato gubernamental, son los grandes responsables de no darle a la población hondureña soluciones a los problemas torales de sus comunidades.
Honduras enfrenta el desafío de reconstruir su gobernanza y fortalecer el Estado de derecho, pero ello implica mejorar la calidad de la educación y los servicios de salud, especialmente en las zonas más vulnerables.
También combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen para el bienestar colectivo y
desarrollar programas integrales para la reintegración de migrantes retornados.
El titular de la CCIC subrayó que en 2024, las remesas superaron los 9 mil millones de dólares, convirtiéndose en un pilar esencial para la economía del país.
La postura ha suscitado críticas desde diversos sectores provocando un nuevo enfrentamiento entre la opinión pública y el Gobierno.
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