Obstáculos legales y la falta de avances complican la instalación de la CICIH en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Un reciente documento confidencial sobre la instalación de un mecanismo internacional contra la corrupción en Honduras detalla los principales obstáculos que deben superarse para la implementación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

El análisis realizado por el Equipo de Expertos de la ONU (EdE) señala que la reforma del marco legal es indispensable para garantizar la autonomía y legitimidad del mecanismo, destacando la necesidad de modificar el Código Procesal Penal y eliminar normativas que otorgan inmunidad a ciertos funcionarios.

El informe identifica una serie de obstáculos jurídicos clave. Entre ellos se encuentra la necesidad de reformar el Código Procesal Penal para permitir la incorporación del mecanismo a la legislación hondureña, así como los ajustes a los artículos 17 y 96, que actualmente limitan la capacidad de perseguir los delitos de corrupción.

Asimismo, se destaca la importancia de derogar el Decreto 117-2019, que concede inmunidad anticipada a congresistas, y de eliminar los fueros especiales que protegen a los funcionarios públicos, lo que obstaculiza las investigaciones de corrupción.

En el ámbito institucional, el informe sugiere la creación de un circuito de jueces especializados en casos complejos de corrupción y la implementación de una unidad fiscal dedicada exclusivamente a los casos de alta complejidad, como el lavado de activos. Estos cambios serían esenciales para fortalecer el sistema judicial y garantizar que el mecanismo pueda operar de manera efectiva.

Sin embargo, las reformas necesarias no se limitan solo a cambios en el Código Procesal Penal, sino también a la eliminación de leyes y decretos que han permitido la impunidad, como las amnistías que favorecen a ciertos delitos políticos. La ONU advierte que sin estas reformas estructurales, no será posible implementar un mecanismo internacional independiente y eficaz.

Por otro lado, las negociaciones entre el gobierno de Honduras y la ONU continúan avanzando, pero se han visto marcadas por una serie de prórrogas del memorándum de entendimiento. La más reciente, firmada en diciembre de 2024, extiende las negociaciones hasta junio de 2025, lo que genera crecientes críticas y dudas sobre la voluntad del gobierno para concretar el acuerdo.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, como lo ha reiterado el Canciller Enrique Reina, las prórrogas han incrementado el escepticismo entre la oposición y diversos sectores de la sociedad.

La promesa de la instalación de la CICIH, que fue una de las promesas clave de la presidenta Xiomara Castro durante su campaña, sigue sin cumplirse, lo que ha intensificado las exigencias para que el gobierno desclasifique las condiciones que la ONU ha propuesto para la instalación del organismo anticorrupción.

La falta de avances concretos genera un ambiente de desconfianza, especialmente después de los problemas con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), que fue desmantelada durante la administración de Juan Orlando Hernández.

Críticas sobre la falta de voluntad política del gobierno hondureño

Recientemente, la abogada Gabriela Blen, en entrevista para HRN, destacó la falta de voluntad del gobierno hondureño para implementar la CICIH. Según Blen, el gobierno de Xiomara Castro ha mostrado desinterés por avanzar en la instalación de la comisión, a pesar de las promesas de campaña. En su intervención, Blen señaló que el diagnóstico realizado por la ONU sobre las reformas necesarias para crear la CICIH fue ocultado por el gobierno, lo que demuestra una falta de transparencia.

Además, Blen criticó los esfuerzos legislativos del oficialismo, refiriéndose a los proyectos de ley presentados por la diputada Chámara Zelaya, que, según ella, buscan crear una CICIH débil, controlada por la presidencia y la fiscalía, sin capacidad de actuar de manera autónoma. Según la abogada, las reformas propuestas por el gobierno no abordan adecuadamente los obstáculos clave, como la amnistía política, lo que socava el potencial de la CICIH para luchar contra la corrupción de manera efectiva.

Por último, Blen sostuvo que la institucionalidad del país, como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, está “maniatada” por pactos de impunidad, lo que hace difícil esperar un cambio real desde dentro del sistema judicial. En su opinión, la presión popular y las acciones de la sociedad civil organizada son la única vía para forzar al gobierno a cumplir con sus compromisos.

El debate sobre la instalación de la CICIH sigue siendo un tema polarizante en Honduras. Aunque algunos sectores consideran que la creación de este organismo podría ser un paso crucial para erradicar la corrupción estructural, otros temen que se convierta en un simple símbolo político sin impactos reales.

La sociedad hondureña espera que las negociaciones lleguen finalmente a un acuerdo que permita la instalación efectiva de la CICIH, antes de las elecciones de 2025 y que LIBRE cumpla con sus promesas de campañas y no defraude al pueblo que le prestó el voto.