El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra exfuncionarios, líderes políticos y particulares por delitos como malversación de fondos, prevaricato y lavado de activos, en perjuicio del Estado de Honduras.
Honduras09 de diciembre de 2024
Redacción El Estelar
Tegucigalpa, Honduras.
Este lunes, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) informó sobre múltiples acciones legales contra figuras públicas, exfuncionarios y particulares, acusados de desviar millones de lempiras en proyectos públicos y fondos estatales.
Entre los casos destacados figura el de la diputada Gladis Aurora López, acusada de malversación por uso indebido de recursos de un proyecto energético destinado a una comunidad en La Paz, que habría sido utilizado en un proyecto privado en San Pedro Sula.
Asimismo, Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de Copeco, enfrenta acusaciones junto a exfuncionarios y empresarios por el desvío de fondos en proyectos de infraestructura financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según la Fiscalía, el daño asciende a 18 millones de dólares.
Otros imputados incluyen a Carlos Manuel López Lizardo, presidente del sindicato de docentes de la UNAH, acusado de desviar más de 80 millones de lempiras mediante resoluciones arbitrales. También se señala al alcalde de Santa Rosa de Copán, Bayron Hernández Castañeda, por utilizar a privados de libertad y menores en la construcción de su vivienda.
En el sector judicial, se presentó acusación contra cinco exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (2016-2023) por presunto prevaricato judicial, mientras que Héctor Ramón Ventura Enríquez y José Alberto Celaya Guevara fueron acusados de lavado de activos, vinculados al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Estas acciones reflejan un renovado compromiso del Ministerio Público en combatir la corrupción, considerada un grave obstáculo para el desarrollo del país. Según la Fiscalía, se busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y reforzar la transparencia institucional.
En el caso de la diputada Gladis Aurora López, representada legalmente por el abogado Marlon Duarte, enfrenta una nueva acusación por malversación de caudales públicos, relacionada con un caso de electrificación en 2015. Según Duarte, esta acusación sería un duplicado del caso anterior, en el que López fue juzgada por lavado de activos.
Duarte señaló que "ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, aunque se les dé otra calificación jurídica". Además, destacó que los elementos del caso actual coinciden con los del anterior, refiriéndose a las mismas zonas y argumentos utilizados en el proceso de 2015.
El abogado también cuestionó la actuación del fiscal Luis Javier Santos, a quien acusó de tomar decisiones unilaterales y de actuar bajo una supuesta independencia que, según Duarte, perjudica al Ministerio Público. Sin embargo, enfatizó que su representada se presentará de manera voluntaria ante los tribunales para enfrentar las acusaciones y demostrar que no se trata de un nuevo caso, sino de una duplicidad procesal.
Por su parte, Duarte denunció que este tipo de acciones parecen dirigidas únicamente hacia un grupo político en particular, aunque evitó calificar directamente la situación como persecución política. "Nos defenderemos en los tribunales y confío en que un juez imparcial pueda resolver si realmente existe un doble juzgamiento", agregó.
Se espera que en las próximas horas López comparezca ante las autoridades para esclarecer la situación.
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